La gestión del agua, que es posible gracias a una compleja red de suministro –en la foto, el Centro de Control Operativo de Aigües de Barcelona–, debe sortear numerosas limitaciones regulatorias

Un solo regulador, e independiente


La participación público-privada es esencial para lograr una mejor gobernanza y garantizar una seguridad hídrica completa

l agua en España es de propiedad pública y su regulador es la Administración Pública, según la Constitución. Al ser su modelo de regulación descentralizado, intervienen en él miles de reguladores municipales independientes. Y, teniendo en cuenta que en España hay alrededor de 8.000 municipios —y cada uno tiene sus propias normas—, las competencias en el ciclo del agua urbana están muy fragmentadas y, en general, carecen de la coordinación necesaria. Por ello, SUEZ Water Europe defiende la necesidad de disponer de una mayor gobernanza —entendida como la forma de interacción en red de las administraciones públicas con el mercado, las organizaciones privadas y la sociedad civil—, para garantizar no sólo el suministro, sino también una seguridad hídrica completa. Se considera que un regulador único e independiente —tanto de la autoridad como del operador— protegería mejor los intereses de la ciudadanía.





UN REGULADOR ÚNICO

La misión del regulador consiste en garantizar a los usuarios que los servicios del agua potable y el saneamiento correspondan, en calidad y cantidad, a los ofrecidos y previstos en los contratos; que su precio sea justo y sostenible a largo plazo, y que el agua, una vez utilizada, sea tratada para ser devuelta a la naturaleza de forma compatible con el desarrollo sostenible. Para ello, debe promoverse una mayor transparencia y el autocontrol de las empresas, y es preciso desarrollar una fiscalidad eficiente. Además, el regulador único e independiente garantiza la transparencia tanto de los posibles concursos como del conocimiento de los costes reales del servicio, evitando la corrupción.

El gran número de operadores para el abastecimiento y la escasa transparencia de los operadores del saneamiento —sobre todo en el alcantarillado— dificulta hacerse una idea general sobre los servicios españoles. Pero se sabe que los problemas se concentran en los pequeños y medianos municipios, normalmente con gestión directa municipal, y no a través de empresas, ya sean públicas o privadas.



PLANIFICAR ANTES DE INVERTIR

Las inversiones destinadas a mejorar la gestión del ciclo del agua son beneficiosas para la comunidad sólo si se hacen tras una exhaustiva planificación. Resulta fundamental, por tanto, que las soluciones en innovación, tecnología y gestión eficientes afloren una vez se haya pasado por un proceso de conocimiento e investigación. De lo contrario, se corre el riesgo de que la construcción de infraestructuras en España se sobredimensione, hasta el punto de no prever una buena gestión de las mismas, ni una coordinación eficiente, ni una utilidad constatada.
Es el caso del Plan Agua de 2004, por el que se proyectaron hasta 51 desalinizadoras, de las cuales menos de la mitad se encuentran en la actualidad en explotación, y algunas de ellas todavía están en construcción. Además, solamente se utilizan a pleno rendimiento en momentos de sequía extrema. En periodos normales, producen únicamente entre un 12% y un 15% de todo su potencial.


Mientras que en el resto de Europa la mayoría de los países tienen reguladores independientes, en España se depende de la negociación con cada ayuntamiento, lo que acaba resultando insostenible. Ante esta situación, algunos expertos abogan por la creación de un observatorio similar a la Ersar —la Entidad Reguladora de Servicios de Aguas y Residuos— de Portugal, y que sería estatal, ya que no tendría sentido crear 17 observatorios distintos con carácter autonómico. Otros modelos regulatorios a seguir podrían ser los que funcionan en Inglaterra e Italia. Dado que, hasta el momento, el Gobierno español no ha tenido ninguna iniciativa para regular de forma más eficiente el sector de la distribución del agua, ¿qué otros actores asociativos podrían asumir esta tarea? Una opción sería la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que federa a los organismos responsables de estos servicios y, por tanto, tendría legitimidad para organizar un observatorio. Otra posibilidad sería un modelo de autorregulación, a partir de la conjunción de operadores —como la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)—. La mayoría de los operadores presentes en estas organizaciones, de hecho, reclaman que se concentre el proceso de regulación.

En cualquier caso, el camino a seguir para garantizar la financiación y la sostenibilidad del modelo es el partenariado público-privado, en el que los gobiernos han de ser los principales responsables y los operadores privados del agua tienen que ayudar a las autoridades públicas, aportando no sólo servicios, sino consejos, tecnología o gestión de personal.





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